A pesar de que se resuelven el 98% de los casos, aún son muchos los que quedan pendientes. Sin embargo, esto demuestra que los juzgados especializados en cláusulas hipotecarias abusivas son efectivos ante este tipo de casos. De modo que ya se han resuelto más de medio millón de casos desde 2017.
Las cifras del año pasado confirman que el gran embotellamiento que sufrieron este tipo de juzgados se va deshaciendo lentamente. Los 143.050 asuntos resueltos en 2021 son un 24% más que en 2020, un año marcado por la parálisis que provocó la pandemia de coronavirus, y devuelven la actividad a niveles de 2019 (141.643 casos resueltos). Pero la carga total no se redujo en esa misma cantidad porque a la vez hay que tener en cuenta que sigue habiendo conflictividad hipotecaria: el año pasado todavía ingresaron 116.293 casos nuevos. Es solo un 5% más que en el primer año de pandemia y, más importante, un 12% menos que en 2019. Esa tendencia a que cada vez se reciban menos demandas y, a la vez, se vayan concluyendo más casos es lo que llevó la tasa de resolución del año pasado al 123%. Es decir, se resolvieron casi una cuarta parte más de casos de los que se produjeron, lo que dejó la tasa de resolución absoluta, desde el arranque de estos juzgados en 2017, en el 70,3%, 10 puntos porcentuales más que en 2020.
Pero el sistema sigue teniendo grandes sombras. La especialización de tribunales para atender los casos de cláusulas abusivas en las hipotecas (tales como cláusulas suelo, de vencimiento anticipado, un reparto inadecuado de los gastos de formalización del préstamo o hipotecas multidivisa) arrancó en junio de 2017 con un juzgado por provincia, con la excepción de los territorios insulares. Esto provocó una saturación muy rápida en las más pobladas, con las consiguientes críticas tanto por parte de asociaciones profesionales como por las organizaciones de consumidores. Mientras, en otros territorios ya el año pasado se decidió que no era necesario contar con un juzgado específicamente dedicado a esa labor, un plan en el que el CGPJ ha profundizado este año.
Madrid, la más retrasada
Como resultado de esas asimetrías, Madrid emerge como gran punto negro. Es la provincia más poblada y el único de los cuatro grandes mercados autonómicos de vivienda (junto con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana) que es uniprovincial, lo que significa concentrar toda la conflictividad hipotecaria en un solo juzgado. El resultado es la tasa de resolución más baja entre todas las comunidades. Desde 2017, menos de cuatro de cada 10 casos ingresados (un 38,8%) se han resuelto. Las siguientes con mayor tapón son Cataluña (63% casos resueltos) y Andalucía (65,3%), pero en ambos casos con una gran diferencia respecto a la región de la capital. En esta última, todavía el año pasado se resolvieron muchos menos casos de los ingresados (se recibieron 15.122 asuntos y se concluyeron 12.626, lo que significa una tasa de resolución anual del 84%), mientras que los juzgados especializados de Andalucía o Cataluña sí consiguieron resolver más asuntos de los ingresados.
De hecho, Cataluña lideró las tasas de resolución en 2021, con un 179,3% (lo que significa que se resolvieron casi el doble de casos de los que se recibieron nuevos), seguida muy de cerca por Extremadura (178,9%) y, con algo más de distancia, por la Comunidad Valenciana (153,8%). Todas las comunidades salvo cuatro (Castilla y León, País Vasco, Asturias y Madrid) lograron el año pasado reducir su carga de asuntos pendientes. Desde junio de 2017, la que logra una mayor efectividad resolviendo los casos es Aragón, con una tasa de resolución del 99,8% y menos de 600 casos esperando la sentencia definitiva. Eso hizo que ya el año pasado Aragón dejase de contar con este tipo de órganos especializados, porque su Tribunal Superior estimó que era más conveniente repartir los casos que llegaran entre juzgados ordinarios de primera instancia.
“Despilfarro” de dinero público
En total, el año pasado se dictaron 123.938 sentencias relativas a cláusulas abusivas (algunos asuntos acaban por otra vía, como un auto final o un decreto). De estas, se cumplió un año más que el cliente hipotecario obtuvo la razón en una abrumadora mayoría de los casos. Las sentencias estimatorias en 2021 fueron 121.211, un 97,8% del total. Desde 2017 se han dictado 420.154 sentencias favorables al prestatario, un 97,4% del total. Esta alta tasa de casos en los que pierde el banco es otra de las críticas recurrentes de los consumidores. Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), por ejemplo, denuncia el “intolerable alud de asuntos que terminan en tribunales, lo que supone un despilfarro para las arcas públicas” y acusa a las entidades de judicializar los conflictos para “devolver el dinero más tarde de lo que debería”. Fuentes de la banca responden que el Tribunal Supremo ha avalado las cláusulas suelo bajo algunas condiciones. “Es por ello que los bancos que consideran que sus cláusulas suelo son transparentes lo defiendan hasta el final”, añaden.
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), apunta que las mayores tasas de resolución de los últimos años se deben a que “hay muchos jueces en comisiones de servicio sin relevación de funciones”. Es decir, que titulares de otros juzgados han echado una mano (a cambio de una retribución extraordinaria) a los tribunales especializados. “Hay muchos recursos destinados a estos casos que, si se hubieran repartido entre todos los tribunales de primera instancia, probablemente estarían ya resueltos”, añade la jueza decana de Madrid, crítica con la medida. Del Barco cree que hubiera sido más efectivo establecer “un sistema real de reclamación previa”, porque el que se concibió en paralelo a la especialización judicial no ha funcionado por “falta de incentivos”. Y vería convenientes “condenas en costas de mayor importe” cuando un litigante lleva el caso a los tribunales y estos fallan en el sentido que pedía el otro litigante en el mecanismo prejudicial.
El resultado, en la mayoría de las veces, es que la resolución judicial de los casos se demora durante años. Un reciente estudio de Asufin calculó que la mera admisión a trámite de las denuncias se retrasa cerca de dos años en cuatro provincias. La organización apunta a A Coruña, con 729 días, como el territorio con mayores demoras para arrancar el procedimiento. Le siguen Madrid (722 días), Barcelona (706 días) y Málaga (686 días). En Alicante y Pontevedra también se tarda más de un año, mientras que en Cádiz se superan los meses (337 días).
Fuente: elpais.com
