ADICAE, que ya había recibido una macrodemanda por cláusulas suelo, ya connsideradas como tal, se opone a la decisión de elevar el asunto al TJUE.
La Asociación ha presentado un recurso al entender que el Alto Tribunal hurta el necesario derecho del tribunal europeo a conocer los antecedentes legales, jurisprudenciales y procesales españoles respecto a las cuestiones elevadas a la UE
ADICAE se personará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Después de que el pasado 4 de julio el Tribunal Supremo decidiera, en contra del criterio de ADICAE y de la Fiscalía, elevar dos cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) sobre la macrodemanda de ADICAE por las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios, la Asociación ha interpuesto un recurso de reposición frente a la sesgada fórmula empleada para consultar a la Unión Europea unos aspectos ya resueltos en la jurisprudencia nacional y comunitaria.
No en vano, la asociación calificó de vergonzosa la decisión del Supremo, debido a que la abusividad de dichas cláusulas ya ha sido confirmada y resuelta por varias instancias judiciales, incluida la europea.
Contrariamente a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento del TJUE, que determina que al plantear una cuestión prejudicial se deben exponer, además de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto, la jurisprudencia nacional pertinente, al Supremo ha presentado dos preguntas al Tribunal Europeo sin hacer referencia explícita, como le obliga la norma y solicitó ADICAE, a resoluciones claves al respecto.
Las mismas que la asociación señaló en sus alegaciones y entre las que resultan claves varias sentencias y autos en los que ya rechazó de forma inapelable los planteamientos de la banca y clarificando el alcance de la acción colectiva de los consumidores.
Por ello, y frente a la indefensión que estas posiciones suponen para los consumidores ADICAE, sin esperar a su personación en el TJUE y sin rendirse ante este nuevo retraso en resolución de las cláusulas suelo, ha iniciado acciones judiciales, como la señalada y otras de carácter extrajudicial, en defensa de los intereses y derechos de los consumidores ante un caso que podría derivar, como apuntó la Asociación hace unas semanas, en un mayúsculo ridículo del Tribunal Supremo como máximo órgano judicial español.
