El magistrado entregará a las acusaciones miles de archivos sobre los espionajes.
El juez que investiga el conocido caso Villarejo vuelve a apretar a BBVA. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pondrá a disposición de las acusaciones nueva documentación sobre los espionajes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para la entidad bancaria.
En concreto, el magistrado ha autorizado a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que recupere, del total de 2,3 millones de hits (correos, archivos, documentos en discos duros) que analizó PwC sobre la contratación de Villarejo, una serie de evidencias relacionadas con el bautizado como grupo hostil, según la documentación judicial a la que tuvo acceso CincoDías.
La reciente decisión, acordada mediante un auto el pasado 30 de marzo, puede suponer un punto de inflexión en el desarrollo de la investigación. La última, y séptima, prórroga de la causa se acordó el pasado enero por un plazo de solo tres meses (lo habitual son seis meses), con la esperanza de poder dar ya por finiquitada la investigación que se inició a finales de 2018. No obstante, el último paso dado por la Audiencia Nacional abre la puerta a que se vuelva a ampliar la instrucción para dar tiempo a las acusaciones a revisar los miles de archivos a los que tendrán acceso y poder pedir nuevas pruebas, según explicaron fuentes jurídicas conocedoras de las pesquisas.
El juez García Castellón tendrá que decidir qué hacer con la novena pieza separada de la macrocausa, centrada en los trabajos que el agente encubierto realizó para el banco entre 2004 y 2017 y por los que se embolsó 10,3 millones de euros.
Completar información
La necesidad de incorporar nueva documentación nace de una petición realizada en noviembre por la defensa del grupo hostil, formado por Luis del Rivero, (expresidente de Sacyr Vallehermoso), José Domingo de Ampuero (exvicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (exdirector general adjunto del banco), personados en la causa judicial como víctimas de los espionajes del polémico policía. Con estas nuevas evidencias pretenden completar la información que obra en el sumario de la causa sobre el desarrollo del proyecto Trampa, lanzado en 2004 para tratar de frenar el intento de Sacyr de hacerse con el control del consejo de administración del banco.
A esta petición se sumó otra similar realizada el pasado mes de enero por Luis Pineda, presidente de la asociación de usuarios bancarios Ausbanc -condenado a ocho años de prisión por extorsión- y el abogado Ángel María Garay, quienes fueron igualmente objetos de las investigaciones de Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo.
El magistrado instructor reclamó, a finales del año pasado, a PwC y BBVA que aportaran los datos requeridos para ponerlos a disposición de estas acusaciones particulares, bajo una serie de cautelas para evitar vulnerar los derechos de los investigados, pero ninguna de las dos entidades atendieron a este mandato.
Vía alternativa
Por un lado, la auditora comunicó al juez instructor que ya no dispone de dicha información, ya que los “destruyó” en el momento que finalizó la investigación interna encargada por los abogados del banco que preside Carlos Torres para depurar responsabilidades por los trabajos de Villarejo. Por otro lado, la defensa de la entidad -imputada como persona jurídica- alegó que dicha diligencia ya fue rechazada en 2020, al tiempo que insistió que todos los hits fueron entregados en octubre de dicho año y así lo confirmó la unidad policial investigadora.
Ahora, el magistrado, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que recuerda que el juez puede cambiar de opinión “como consecuencia de los avances en la instrucción” y ante la aparición de nuevos indicios, ha buscado una vía intermedia y ha solicitado a la Policía, que tiene copia de la información examinada por PwC, que recupere los datos solicitados por las acusaciones.
Las “salidas” de directivos
Por otro lado, el juez también ha insistido en su intención de conocer qué cantidades abonó BBVA a los exaltos cargos del banco imputados tras abandonar la entidad, como el expresidente Francisco González; el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; o el exresponsable de los servicios jurídicos Eduardo Arbizu.
Tanto BBVA como los exdirectivos afectados se negaron a informar sobre las condiciones de despido, jubilación o prejubilación de cada uno de ellos y sus correspondientes indemnizaciones. El banco alegó que dicha petición, realizada el pasado 23 de enero, vulneraba el derecho a la intimidad y el secreto bancario de dichas personas.
El instructor rechazó los recursos, pero con el fin de tranquilizar a las defensas de los exdirectivos afectados, aseguró que, además de él, sólo tendrían acceso a la información requerida los fiscales. Asimismo, acordó el secreto parcial de las actuaciones durante un mes.
Tras ello, y a instancias de Anticorrupción, el juez García Castellón volvió a preguntar a BBVA si ahora está dispuesto a entregar los documentos sobre las “salidas” de la ex responsables de departamentos del banco imputados.
